El fiscal general adjunto Todd Blanche se negó a descartar la posibilidad de procesar penalmente a legisladores demócratas, apenas un día después de que el presidente Donald Trump ordenara al Departamento de Justicia iniciar una investigación formal contra miembros del Congreso.
La medida desató una crisis constitucional sin precedentes en Estados Unidos debido a la directa colisión entre el Poder Ejecutivo y las atribuciones de fiscalización del Congreso. A través de la red social Truth Social, Donald Trump acusó a la oposición de extorsión y exigió acciones judiciales inmediatas contra figuras clave del Partido Demócrata.
El mandatario apuntó directamente contra la senadora Elissa Slotkin y contra el congresista Robert Garcia, a quien la administración señaló por advertir públicamente a los futuros funcionarios que debían contratar abogados defensores. Todd Blanche justificó la intervención federal en declaraciones televisivas al sostener que las amenazas de los legisladores contra colaboradores del gobierno superaron el marco legal.
La respuesta demócrata y el fantasma de la impunidad
Lejos de ceder ante la presión de la Casa Blanca, el legislador Robert Garcia respondió con dureza y acusó al Departamento de Justicia de intentar silenciar al Poder Legislativo mediante maniobras intimidatorias. Garcia aseguró que su comité avanzará firmemente en las investigaciones sobre los negocios y las decisiones de la administración republicana sin temor a represalias.
El trasfondo político incluye antecedentes recientes de tensiones judiciales, como el intento fallido de un gran jurado federal por imputar a Slotkin y a otros cinco congresistas demócratas a comienzos de año. Mientras la Casa Blanca y el Departamento de Justicia evitan dar precisiones operativas, crece la incertidumbre sobre el alcance real de las órdenes impartidas por el presidente y el futuro de la división de poderes en el país.
