Un juez federal bloqueó temporalmente la construcción del polémico arco de triunfo impulsado por el presidente saliente Donald Trump cerca del Cementerio Nacional de Arlington, horas después de obtener luz verde.

La orden de restricción temporal por 14 días fue emitida por la jueza federal de distrito Tanya Chutkan como respuesta directa a una demanda judicial presentada de manera conjunta por los gobiernos locales de Washington D.C. y Virginia. La medida prohíbe de forma tajante cualquier tipo de tarea de construcción, excavación, alteración de terrenos, instalación de servicios públicos y cortes de calles vinculados al monumento.

El fallo judicial se conoció apenas horas después de que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital otorgara la aprobación final al proyecto durante una maratónica audiencia virtual de más de nueve horas. En dicha sesión, más de un centenar de personas expresaron su rechazo, incluyendo veteranos de guerra, familiares de soldados sepultados en Arlington y la directora ejecutiva de la Liga de Preservación de Washington D.C.

Las razones detrás del freno judicial

Las demandas presentadas ante la justicia federal sostienen con firmeza que la administración actual carece por completo de la autorización necesaria del Congreso y que ha evitado cumplir con los requisitos federales obligatorios. Los críticos del proyecto argumentan que una estructura de 250 pies de altura ensombrecería y deshonraría el histórico cementerio, además de generar caos vehicular, daños ambientales y problemas de seguridad aérea.

Por su parte, el gobierno de Donald Trump defendió la iniciativa al asegurar que mejorará la experiencia de los visitantes en Arlington y fortalecerá la seguridad nacional. Sin embargo, la empresa Grunley Construction Company ya se encontraba ultimando los preparativos para iniciar las obras de manera inmediata antes de la intervención de la justicia.

El futuro de la megaobra sigue siendo incierto mientras la magistrada analiza a fondo las demandas presentadas por veteranos y las jurisdicciones locales, en un conflicto que promete escalar aún más con la futura asunción de los legisladores demócratas en el Congreso.