El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que enfrentará el juicio político en su contra y ejercerá su derecho a la defensa, revirtiendo su decisión inicial de renunciar al cargo en medio de la grave crisis financiera desatada por el colapso de Ueno Bank.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que se presentará ante el Senado con argumentos y pruebas para esclarecer las irregularidades que dejaron a millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos. Peña enfatizó que su decisión no responde a un orgullo personal, sino a una responsabilidad institucional de rendir cuentas ante el pueblo paraguayo, solicitando además que la crisis política no paralice las soluciones urgentes para los ciudadanos afectados por la intervención bancaria.

La situación en el Congreso alcanzó niveles de tensión extrema durante la jornada. Una sesión conjunta de ambas cámaras debió levantarse por falta de quorum, lo que impidió que se aceptara la dimisión presidencial, un paso que la oposición rechazaba por considerar que permitiría al mandatario obtener fueros como senador vitalicio. Mientras tanto, la Cámara de Diputados ya había aprobado por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político.

Fractura en el oficialismo y futuro incierto

La crisis provocó una ruptura profunda dentro del Partido Colorado. Horacio Cartes, presidente de la agrupación y antiguo aliado del mandatario, retiró su respaldo y se posicionó a favor del juicio político, declarando que la fuerza política no será cómplice del latrocinio de fondos públicos y privados. Este quiebre político deja al gobierno en una posición de extrema vulnerabilidad frente al proceso legislativo en curso.

Por su parte, el Senado se prepara para una sesión extraordinaria decisiva. Mientras el proceso avanza, el vicepresidente Pedro Alliana se perfila como el sucesor natural, luego de que la Cámara de Diputados desestimara el juicio político en su contra. La Constitución paraguaya establece que, hasta que se formalice una salida, Peña conserva todas sus atribuciones como jefe de Estado.

El mandatario concluyó su mensaje reiterando que su prioridad es el respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. El desenlace de este proceso definirá no solo la continuidad de su mandato, que se extiende hasta agosto de 2028, sino también el futuro judicial de los responsables por el descalabro financiero que mantiene en vilo a todo el país.