Padres de alumnos de la Escuela N° 223 Provincia de Misiones, ubicada en la localidad de Santa Rosa, Tinogasta, tomaron el establecimiento en reclamo de dos cargos docentes vacantes desde el año pasado.

La medida de fuerza se desató ante la falta de respuestas concretas por parte del Ministerio de Educación provincial para cubrir los puestos que afectan el normal dictado de clases en esta institución de doble turno. Según detallaron las familias, uno de los cargos quedó vacante tras la jubilación de una maestra, mientras que el segundo se produjo por abandono de servicio, una situación irregular que se arrastra desde el ciclo lectivo anterior.

Ante la retención del edificio escolar, la Policía se hizo presente en el lugar para notificar una disposición emitida por la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal subrogante Lourdes Maturano. La medida judicial intimó a los manifestantes a desalojar el establecimiento en el plazo perentorio de una hora, advirtiendo sobre posibles actuaciones por desobediencia y el uso de la fuerza pública.

La respuesta de las autoridades y la postura de los padres

En medio de la tensión, se hizo presente en el lugar el supervisor de Escuelas Primarias, Miguel Trejo, quien reconoció la legitimidad del reclamo y confirmó que son dos los puestos pendientes. El funcionario aseguró que ya mantuvo comunicaciones con la directora de Nivel y la secretaria de Gestión para intentar destrabar el conflicto administrativo que frena las designaciones.

Sin embargo, la falta de una fecha concreta para la cobertura de los puestos generó mayor malestar entre los tutores. Miguel Trejo intentó llevar calma al señalar que se deben cumplir pasos burocráticos previos, como la autorización formal para que la dirección escolar inicie el pedido con el aval de los padres. Por su parte, las familias fueron categóricas y ratificaron que mantendrán la toma hasta obtener una solución definitiva.

Mientras la intervención judicial busca despejar el edificio para garantizar la circulación institucional, la comunidad educativa permanece en estado de alerta. Los padres exigen la presencia urgente de autoridades ministeriales para destrabar un conflicto que continúa vulnerando el derecho a la educación de los niños.