Un pozo petrolero abandonado en Salta expulsa gases y hidrocarburos sin control desde hace más de tres años, devastando veinte hectáreas de bosque nativo y desatando una causa penal y una demanda civil contra las empresas responsables.

El yacimiento conocido como LO-X10, dentro del área Puesto Guardián en la jurisdicción de Pichanal, fue perforado originalmente en 1983 por la estatal YPF sin recibir jamás el sellado técnico obligatorio para su cierre definitivo. La zona afectada se ubica en un corredor ecológico único donde convergen el Chaco Seco y las Yungas, albergando especies amenazadas y vegetación nativa de alto valor ambiental como el quebracho colorado y el palo santo.

Durante una misión exploratoria realizada por la organización Greenpeace, los especialistas comprobaron la gravedad del escenario al registrar una densa neblina tóxica, olores nauseabundos y montículos de animales muertos a la vera del camino. Los residentes locales denunciaron la presencia constante de una lluvia aceitosa que cubre todo el terreno con un tono terracota, destruyendo por completo la flora y poniendo en riesgo la vida de los pobladores y la fauna autóctona de la región.

El área protegida es reconocida internacionalmente como un sitio prioritario para la conservación de aves y refugio de especies en peligro como el ocelote, el oso hormiguero y el águila coronada. Sin embargo, la única señalización existente en el lugar se encuentra ilegible debido a la persistente precipitación de hidrocarburos que corroen el entorno sin que ninguna autoridad logre frenar la emergencia ambiental.

Una cadena de concesiones y responsabilidades cruzadas

A lo largo de los años, la concesión del yacimiento pasó por manos de múltiples empresas privadas hasta llegar a President Petroleum S.A., una firma de capitales británico-argelinos que heredó la explotación y actualmente se encuentra en quiebra declarada. Mientras la justicia federal avanza con una causa penal contra el representante legal de la compañía por contaminación ambiental, una demanda civil exige que todas las firmas que operaron el área desde 1991 afronten los costos multimillonarios de la remediación.

El biólogo Matías Arrigazzi advirtió sobre la extrema vulnerabilidad del ecosistema y la urgencia de una intervención estatal inmediata para evitar un daño irreparable en este rincón estratégico de la biodiversidad argentina. La situación actual mantiene en alerta a las organizaciones ambientalistas y a los habitantes locales que continúan reclamando respuestas concretas frente a la inacción corporativa.