En una jornada clave del juicio por violencia institucional en el barrio Banderas Argentinas, un oficial denunció haber sido amenazado por sus superiores para encubrir irregularidades, mientras que otro testigo identificó a los efectivos imputados en los videos del operativo.
Durante la sexta audiencia del proceso judicial que investiga los hechos ocurridos en mayo de 2020 contra familias de la comunidad Qom, el oficial principal Héctor Ariel Velázquez rompió el silencio. El efectivo, que prestaba servicios en la Comisaría Segunda de Fontana, reveló ante el tribunal que durante la etapa de investigación recibió presiones directas de sus superiores, quienes le advirtieron que en esta causa alguien tenía que caer.
Velázquez señaló específicamente al comisario mayor Godoy y al comisario Ariel Alejandro Gonzalo González como los responsables de las amenazas y las presiones para evitar que se conociera la verdad sobre el accionar policial. Estas declaraciones exponen posibles irregularidades sistemáticas dentro de la fuerza durante el desarrollo de la causa que busca esclarecer los vejámenes sufridos por las víctimas.
Identificaciones clave y protocolos incumplidos
Por su parte, el comisario retirado Orlando Ismael Trangoni aportó datos fundamentales al reconocer a varios de los imputados en los registros audiovisuales incorporados al expediente. El testigo identificó a Diego Adrián Latorre, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti, Cristian Benítez, Cristian Borda, Marcelo Eduardo Blanco y a Sofía González, esta última señalada como responsable de la guardia al momento de los hechos.
Además de la identificación del personal, Trangoni ratificó que, según los protocolos de la Ley de Seguridad Pública, cualquier persona detenida que presente lesiones debe ser trasladada de inmediato a Sanidad Policial, un procedimiento que fue omitido en este caso. El juicio, que cuenta con la intervención del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco como querellante, continúa avanzando para determinar las responsabilidades penales de los diez efectivos acusados por los graves episodios de violencia institucional.
