Una implosión financiera y una feroz interna política desplomaron al gobierno de Paraguay tras revelarse un millonario esquema de autopréstamos, negocios opacos y el uso desmedido de fondos públicos en el Ueno Bank.
La apertura económica desregulada y la facilidad para crear empresas convirtieron a Paraguay en un terreno fértil para el lavado de dinero y los negocios opacos. El reciente colapso que eyectó del poder al presidente Santiago Peña tiene como principal titiritero al exmandatario Horacio Cartes, dueño del grupo empresario homónimo y líder histórico del Partido Colorado, quien impulsó un pedido de informes legislativo para exponer la endeble situación financiera del Ueno Bank.
La ruptura entre Peña y Cartes desató una crisis institucional incontenible. La disputa dejó al descubierto cómo los negocios legales y opacos se sostienen mediante el control estatal. Horacio Cartes fue clasificado por Estados Unidos como significativamente corrupto y sancionado económicamente por crímenes transnacionales, además de haber sido vinculado en el pasado a la red de lavado de la operación Lava Jato a través del financista Darío Messer.
Un festival de autopréstamos y fondos públicos comprometidos
El vaciamiento y la implosión del Ueno Bank arrastraron al diminuto Estado paraguayo. Se detectó que el Instituto de Previsión Social, la caja de jubilados del país, había invertido 355 millones de dólares en la entidad, mientras que el total de depósitos de fondos públicos alcanzaba los 850 millones de dólares. Desde el Banco Central, la entidad autorizó un desembolso extraordinario de 300 millones de dólares para fusionar carteras, beneficiando con créditos millonarios a allegados, familiares del poder y empresas vinculadas.
La investigación periodística reveló además que el propio presidente destituido, Santiago Peña, figuraba como el cuarto mayor accionista de Ueno Holding con miles de millones de guaraníes invertidos. A esto se suma un entramado de lazos familiares y políticos entre ministros, asesores jurídicos de la Presidencia y directivos bancarios que evidencia la total confusión entre los intereses públicos y privados.
