La Corte Suprema declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de los artículos que eliminaban el control estatal sobre las empresas de medicina prepaga.
En un fallo histórico dictado este jueves, el máximo tribunal conformado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti le dio un golpe clave al DNU 70/2023 impulsado por la administración de Javier Milei. La resolución determinó que el Poder Ejecutivo no justificó debidamente la urgencia necesaria para legislar por decreto en materia de salud.
El expediente se originó a partir del reclamo judicial de una afiliada cuyo plan experimentó una suba escandalosa del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, tras la sanción de la normativa oficial. Ante esta situación, la Cámara Federal de La Plata le había dado la razón inicialmente, generando una apelación posterior por parte de la empresa de medicina prepaga y del propio Estado Nacional que llevó el caso al cuarto piso del Palacio de Tribunales.
Qué cambia para los afiliados y los aumentos
La decisión de la Corte implica que la Superintendencia de Servicios de Salud recupera formalmente la facultad de revisar y auditar cada una de las modificaciones que las empresas pretendan aplicar sobre las cuotas. De esta manera, cada incremento deberá fundarse estrictamente en costos reales y en un cálculo actuarial de riesgos razonable, dejando atrás la desregulación absoluta.
Sin embargo, la victoria de los usuarios no fue total ya que el tribunal revocó el tramo de la sentencia anterior que imponía un tope automático atado al índice de precios al consumidor (IPC). De este modo, aunque se elimina la libertad total de precios y se restituyen los mecanismos de supervisión pública, la Corte evitó fijar un límite porcentual inflacionario directo, dejando la responsabilidad del control nuevamente en manos de la autoridad de aplicación.