A ocho meses de la sanción de la Ley 27.802, la promesa oficial de dinamizar el empleo registrado y combatir la informalidad quedó lejos de cumplirse, arrojando datos alarmantes en todo el país.

Cuando el presidente Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger impulsaron la normativa, aseguraban que se generaría un escenario propicio para el blanqueo y la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, el propio ideólogo de la ley debió admitir públicamente que la respuesta del sector privado no fue la esperada, optando por responsabilizar a los empresarios y a los coletazos de la pandemia por el rumbo negativo.

Los registros oficiales del Indec pulverizaron cualquier discurso optimista al revelar que la tasa de informalidad escaló hasta el 45 por ciento de la población ocupada. Esto significa que casi la mitad de los trabajadores argentinos se encuentra actualmente sin aportes jubilatorios ni derechos laborales básicos, mientras que el SIPA confirmó una caída del 0,9 por ciento en la formalidad laboral desde la aprobación de la norma.

Un panorama desolador para el empleo y los salarios

El informe elaborado por el Instituto Argentina Grande expone que la pérdida acumulada de empleos formales asciende ya a 241.200 puestos desde la asunción de la actual administración nacional, retrotraendo los niveles de contratación a mayo de 2014. A este duro golpe se le suma una estrepitosa caída del poder adquisitivo, donde el salario mínimo acumula un desplome del 40,8 por ciento desde noviembre de 2023.

La tasa de desempleo trepó hasta el 7,9 por ciento, marcando el registro más alto de la gestión. En medio de este complejo escenario, declaraciones oficiales como las del secretario de Trabajo, Julio Cordero, al sugerir que existen personas que prefieren facturar antes que estar en blanco, generaron fuertes polémicas en distintos sectores políticos y sociales.

Desde la vereda opositora, el diputado Pablo Yedlin recordó las advertencias formuladas durante el debate parlamentario. Aquella predicción sobre una inminente avalancha en la destrucción de fuentes laborales parece haberse concretado, dejando al descubierto una crisis estructural que continúa profundizándose en todo el territorio nacional.