El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la suspensión de ejecuciones fiscales y embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para las pequeñas y medianas empresas hasta mayo de 2027.

La medida se instrumentó en medio de un fuerte estancamiento de la actividad y la caída del consumo interno, desatando inmediatos cuestionamientos de la oposición que catalogó la flexibilización tributaria como una maniobra electoralista y un nuevo plan para maquillar la crisis. El paquete oficial incluye un plan de facilidades en dieciocho cuotas para obligaciones vencidas al treinta y uno de octubre, el uso de saldos a favor de impuesto al valor agregado para deudas aduaneras y líneas de crédito con tasa fija.

Pese a que el titular del Palacio de Hacienda intentó despejar las dudas al asegurar que no se trata de una estrategia proselitista, la decisión de estirar el beneficio fiscal precisamente hasta el umbral del calendario electoral de 2027 reavivó los cruces en el arco político. Desde la oposición salieron a cruzar al Ejecutivo por la contradicción de aplicar un alivio de carácter temporal que el propio oficialismo solía cuestionar bajo otras administraciones.

Reclamos y cruces políticos

Voceros opositores advirtieron que postergar los embargos no resuelve el problema estructural de las empresas, cuyas urgencias pasan por recuperar el nivel de ventas y la liquidez comercial antes que por un diferimiento de deudas. Por su parte, el referente opositor Guillermo Michel cuestionó duramente la medida a través de sus redes sociales al señalar que se trata de una contradicción evidente en la gestión económica.

En la misma línea, el diputado Pablo Juliano ironizó sobre el alcance de los anuncios oficiales al sostener que se llegó a un punto crítico donde la noticia principal es que las empresas no van a sufrir embargos transitoriamente. Por su parte, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa recibió la noticia con cautela y exigió modificaciones urgentes sobre la letra chica del anuncio.

La entidad advirtió que el sector pyme carece de los fondos necesarios para afrontar el pago a cuenta del cinco por ciento exigido como requisito de ingreso a la moratoria. En esa línea, la central empresaria reclamó que el esquema de regularización se amplíe a un piso de cuarenta y ocho cuotas, se eliminen las sanciones punitivas durante los períodos de espera y se aplique una quita efectiva sobre los intereses devengados.