La Municipalidad de Salta formalizó una denuncia contra el juez Víctor Raúl Soria ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, exigiendo su suspensión y destitución por presunto mal desempeño tras frenar las obras en el subsuelo del Mercado San Miguel.

La presentación judicial, encabezada por el procurador municipal Matías Risso, apunta contra una serie de resoluciones dictadas entre octubre y noviembre. Desde el Ejecutivo se sostiene que el magistrado excedió sus atribuciones al intervenir en decisiones administrativas sobre un inmueble público, en el marco de una acción de amparo impulsada por la Fundación San Miguel, presidida por el exadministrador José “Pepe” Muratore.

El conflicto se originó tras la revisión de un convenio de concesión firmado en agosto de 2022. La actual gestión municipal declaró la inexistencia jurídica de dichos acuerdos por supuestas incompatibilidades y conflictos de intereses, lo que motivó la respuesta judicial de la Fundación para evitar modificaciones en el sector subterráneo del histórico edificio.

Las polémicas medidas judiciales y el impacto en las obras

Entre los cuestionamientos principales figura la medida cautelar dictada el 15 de octubre, donde el juez dispuso restricciones sin exigir una contracautela. Asimismo, la Municipalidad denunció que el magistrado rechazó por vía propia una recusación y que, el 10 de noviembre, amplió la prohibición de innovar basándose en una publicación periodística sobre la reapertura prevista para 2027.

Esta última resolución ordenó paralizar los trabajos específicos en el subsuelo, donde se proyecta recuperar el estacionamiento. Actualmente, la primera etapa de reconstrucción tras el devastador incendio de noviembre de 2024 registra un 70% de avance.

Desde la administración local alertaron que estas trabas judiciales no sólo generan mayores costos y posibles reclamos de la empresa contratista, sino que además ponen en riesgo directo a 100 trabajadores y prolongan la reubicación de los comerciantes en espacios alternativos.