El exjuez federal de Orán, Raúl Juan Reynoso, obtuvo nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria tras una resolución dictada por la Justicia Federal de Salta, a menos de un mes de haber sido detenido por causas de corrupción y narcotráfico.
La medida fue dispuesta el 3 de noviembre por la jueza de ejecución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2, quien autorizó que el exmagistrado de 67 años cumpla su condena en una vivienda ubicada en la zona norte de la ciudad de Salta. El condenado deberá permanecer bajo monitoreo electrónico y estricta supervisión judicial, además de acreditar mensualmente su estado de salud.
La defensa de Reynoso fundamentó el pedido en sus patologías crónicas, principalmente diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, que requieren administración diaria de insulina y controles médicos constantes. Según el expediente, el exjuez sufrió episodios de descompensación, incluyendo un registro de glucemia de 248 miligramos por decilitro, lo que motivó traslados de urgencia a centros asistenciales.
La controversia judicial y el antecedente de 2022
El Ministerio Público Fiscal se opuso rotundamente a la concesión del beneficio, argumentando que las dolencias del exmagistrado podían ser tratadas dentro de las unidades del Servicio Penitenciario Federal. El fiscal destacó que Reynoso no alcanza la edad de 70 años para acceder a la domiciliaria por razones etarias y que el penal de General Güemes contaba con capacidad para brindarle atención médica.
Sin embargo, la magistrada desestimó la postura fiscal al considerar que el sistema penitenciario no garantiza el tratamiento adecuado para las enfermedades crónicas del condenado. Para fundamentar su decisión, la jueza tomó como antecedente un fallo de mayo de 2022, donde ya se le había otorgado la domiciliaria bajo criterios similares, desestimando que dicha medida fuera exclusiva del contexto de pandemia.
El exjuez cumple una condena de cinco años de prisión por cohecho pasivo, falsedad ideológica y concusión, en el marco de la causa conocida como Reynoso II. En dicho expediente se acreditaron maniobras ilícitas para favorecer al narcotraficante Delfín Reynaldo Castedo, conocido como el Patrón del Norte, además de exigencias ilegales de dinero a comerciantes de la región.