Los líderes republicanos en la Cámara de Representantes se preparan para afrontar una ola de deserciones internas que podría desembocar en el juicio político contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante las votaciones previstas para esta semana.
La situación política en Washington sufrió un giro dramático tras la contundente derrota electoral sufrida por el oficialismo, dejando a varios legisladores con un margen de maniobra inusual y dispuestos a respaldar la medida impulsada contra el funcionario, cuyo apoyo en el Capitolio se deterioró notablemente desde el inicio de la guerra con Irán.
El representante Thomas Massie tiene planificado forzar una votación formal sobre su resolución para someter a juicio político a Hegseth, acusándolo de haber desafiado al Congreso y de continuar de manera ilegal las acciones bélicas en territorio iraní. Durante las semanas previas a los comicios, la cúpula partidaria había logrado esquivar el debate mediante la cancelación de sesiones, pero el escenario actual pulverizó cualquier intento de contención dentro del bloque.
Una crisis que salpica a la administración y divide al oficialismo
El malestar entre los congresistas se profundizó debido a los costos políticos del conflicto bélico. Varios referentes legislativos señalaron en privado que la retórica y el tono empleado por Pete Hegseth resultaron altamente perjudiciales para explicar y justificar ante la ciudadanía la necesidad de los ataques contra instalaciones nucleares iraníes y otras operaciones militares recientes.
A pesar de que el presidente Donald Trump ratificó públicamente su respaldo al funcionario y descartó su salida inmediata, la presión interna no cesa. Por su parte, el secretario de Defensa respondió a través de sus redes sociales calificando el proceso como una maniobra falsa encabezada por un legislador derrotado, mientras que el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ratificó que la cartera de Defensa no retrocederá frente a lo que consideran investigaciones motivadas por intereses partidarios.
Aun si la Cámara baja aprueba el juicio político, la destitución definitiva requerirá una mayoría de dos tercios en el Senado, un escenario complejo pero que añade máxima tensión política de cara a la transición legislativa de enero.
