El colapso de Ueno Bank desata un terremoto político e institucional sin precedentes, llevándose puesto al presidente Santiago Peña y dejando al descubierto un millonario manejo de fondos públicos y una red de complicidades al más alto nivel.
Hasta la semana pasada, el estadio de la selección paraguaya llevaba su nombre, el Rally Mundial también y seis de cada diez adultos del país utilizaban su aplicación en el teléfono. Este jueves, Ueno Bank amaneció como una entidad intervenida, con ocho directivos detenidos y los ahorristas agolpados en las puertas de sus sucursales. El escándalo escaló a tal punto que el mandatario paraguayo, considerado el principal padrino político del fenómeno financiero, presentó su renuncia y enfrenta un inminente juicio político.
La historia de la entidad se remonta a 1976 con la creación de la Financiera El Comercio, un actor menor enfocado en sectores excluidos de la banca tradicional. En 2021 fue adquirida por el Grupo Vázquez, que ya controlaba Credicentro, y la reconvirtió en un modelo digital. El gran salto institucional llegó a finales de 2023 cuando el Banco Central de Paraguay (BCP), bajo la presidencia inicial de Carlos Carvallo, le otorgó la licencia bancaria definitiva, un nombramiento que generó suspicacias ya que Carvallo asumió luego al frente del propio organismo regulador que debía fiscalizar a la firma.
En pocos años, la expansión fue feroz: compraron Visión Banco, sumaron capital extranjero proveniente del húngaro OTP Bank y multiplicaron sus activos hasta alcanzar los USD 4200 millones a mediados de este año. Sin embargo, detrás de la fachada de éxito rotundo y una supuesta morosidad casi inexistente, los balances escondían una realidad alarmante. La colocación de un bono histórico en Wall Street por USD 350 millones y una exposición monumental al dinero del Estado consolidaron una bomba de tiempo financiera.
Fútbol, estadios y una caída sin red
El crecimiento exponencial vino acompañado de una agresiva estrategia de marketing que copó el deporte nacional. La marca se adueñó de los nombres de los estadios más importantes del país, incluyendo el Defensores del Chaco, La Nueva Olla de Cerro Porteño y el Manuel Ferreira de Olimpia, además de patrocinar a la Conmebol Sudamericana y al Rally Mundial. La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) tuvo que borrar de urgencia todo rastro de la compañía en sus redes sociales tras desatarse el escándalo.
El Estado se había convertido en el socio y cliente más peligroso de la entidad. Los depósitos públicos treparon de forma exponencial y el Instituto de Previsión Sistema (IPS) tenía depositados allí unos USD 345 millones. Los números rojos estallaron finalmente en el balance de 2025, reflejando costos desmedidos de reorganización que superaban el capital propio. Dos meses más tarde, la intervención del BCP por ajustes drásticos en sus estados financieros detonó una crisis económica y política histórica que hoy mantiene en vilo a todo el país.