Tras el brutal quíntuple crimen que sacudió a la localidad de Quitilipi, la subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela, reveló detalles estremecedores sobre el contexto de violencia y amenazas que rodeaba a la familia de las víctimas.
La funcionaria, quien lideró el operativo de asistencia a los allegados, denunció que la madre de los niños asesinados, María Aranda, recibía amenazas de muerte por parte de su expareja. Según relató Valenzuela, el agresor le enviaba mensajes intimidatorios recriminándole sus salidas, a pesar de que él mismo no cumplía con sus responsabilidades parentales ni aportaba cuota alimentaria para sus hijos.
Ante la gravedad de la situación, la Comisaría de Género y Familia, bajo la supervisión de la comisaria Karina Insaurralde, había dispuesto la entrega de un botón antipánico para la mujer. La funcionaria destacó la celeridad del accionar policial, advirtiendo que, de no haber intervenido, la escalada de violencia podría haber derivado en un desenlace fatal mucho antes.
Tras el hallazgo de los cuerpos, Aranda sufrió una descompensación y debió ser trasladada a un centro de salud. Además del dolor por la pérdida, la mujer fue blanco de agresiones y cuestionamientos sociales por parte de vecinos que la juzgaron por no haber estado presente durante la noche del crimen, una actitud que Valenzuela calificó como inaceptable en un momento de tamaña vulnerabilidad.
La incógnita sobre la responsabilidad penal del acusado
Sobre el estado del detenido, quien habría manifestado estar bajo una supuesta posesión demoníaca, la subsecretaria se mostró escéptica respecto a una posible inimputabilidad. Sonia Valenzuela sostuvo que, aunque pudo existir un consumo problemático de estupefacientes o un brote psicótico, el hecho de asesinar a cinco personas requiere un nivel de conciencia que deberá ser evaluado por los peritos forenses.
La funcionaria enfatizó que el acusado habría intentado quitarse la vida tras cometer el múltiple homicidio, lo cual, a su entender, demostraría que el sujeto comprendía la magnitud de sus actos. Mientras la investigación judicial a cargo del fiscal Valero continúa bajo estricta reserva, el Estado provincial mantiene un esquema de acompañamiento psicológico sostenido para los sobrevivientes, quienes enfrentan un escenario de desamparo económico y salud precaria.
